A mediados del 2004, el programa periodístico Contravía dedicó dos capítulos a la compleja situación de violencia a la que se enfrentaban los indígenas Embera Katío en el Alto Sinú, departamento de Córdoba (Colombia). En dichos especiales, Hollman Morris documentó el aumento en el número de suicidios entre jóvenes Embera menores de 18 años, quienes -de acuerdo con los Jaibanás (genéricamente denominados chamanes en nuestro medio)- estaban siendo atacados por el espíritu de la selva.

Al no soportar más la guerra desatada desde mediados de los años 90 por los grupos paramilitares, la guerrilla y el ejército, dicho espíritu decidió levantarse a cobrar venganza. Desde entonces, los desplazamientos forzados, las desapariciones, los asesinatos selectivos, han sido el común denominador para los habitantes del Nudo del Paramillo y sus alrededores. Los medios masivos de información se han dedicado a documentar dicho tipo de acontecimientos como consecuencia del narcotráfico y del eterno conflicto armado, y poco se han detenido a cuestionar las decisiones gubernamentales que lo han alimentado.

Con el aval del gobierno nacional, en 1996 se decidió dar luz verde a un Megaproyecto en el departamento de Córdoba, el cual ha sido muy poco estudiado en relación con la violencia en esta zona del país: la Hidroeléctrica de Urrá. Este proyecto, cuestionado y descartado en reiteradas ocasiones durante los años 70 y 80 por sus altos costos ambientales (es decir, el beneficio real en cuanto a producción de energía), cobró vida en medio de la polémica en la que se discutía la ‘seguridad energética’ de la Costa Caribe colombiana. El proyecto contaba con dos notorios inconvenientes: 1) Su financiación, dado que el costo inicial de la hidroeléctrica se calculó en 300 millones de dólares, cifra que se duplicó meses antes del inicio de las obras. 2) La presencia de las FARC, debido a que fue éste el motivo principal para que las Autodefensas iniciaran sus operaciones en Córdoba y, en particular, en el Nudo del Paramillo.

En 1999, y por encima de un fallo ambiguo de la Corte Constitucional en el que se prohibía inundar el Parque Natural hasta que se llegara a un acuerdo con las comunidades indígenas, se otorgó la licencia ambiental que permitió inundar 7400 hectáreas de selva virgen; con esto, Urrá entró en funcionamiento. El proyecto tuvo un costo superior a 900 millones de dólares, aportó a la red eléctrica del país sólo un 2% extra (en un momento en donde se exportaba un 25% de la producción total de energía) y produjo cambios en el ecosistema que aún hoy son difíciles de calcular. La entrada en funcionamiento de la represa, produjo el primer gran desplazamiento de personas en la región (más de 6000 en menos de dos años), y cambió drásticamente su economía, principalmente la de las comunidades pesqueras. Las tierras baldías que dejó la desviación del río Sinú fueron apropiadas por políticos de la zona con la complicidad de grupos paramilitares, hoy Urabeños, que aún mantienen el control militar sobre la región (la mayoría de estos políticos ya han sido condenados por parapolítica, entre ellos el primo del ex-presindente Uribe).

Los suicidios de los Embera que Morris reportó en el 2004 están conectados con esta situación. Entre los años 2000 y 2004, fueron asesinados alrededor de 15 líderes, se restringió la movilidad de las personas de la comunidad, se quemaron veredas completas y se limitaba el ingreso de comida a la zona. En el 2005, ante la inminente construcción de la hidroeléctrica Urrá II, las comunidades de pescadores del alto Sinú y los Emberá Katío marcharon hasta Bogotá para reclamar por sus derechos y denunciar ante la comunidad internacional lo que el gobierno colombiano venía ignorando hace ya varios años: la violencia paramilitar en el Nudo del Paramillo y el Alto Sinú. Para aquél entonces, el exministro -condenado hoy por cohecho en el caso de la Yidis política Sabas Pretelt de la Vega– no se presentó a ninguno de los foros en los que se pretendía discutir los perjuicios de Urrá (una de las investigaciones preliminares que se lleva a cabo hoy, es por la apropiación de tierras en el bajo Córdoba).

Lo que ha cambiado deesde entonces, hasta nuestros días, es más bien poco: los muertos y la violencia siguen, pero ahora con un nombre distinto al de las AUC. Es cierto que la Corte Constitucional en el caso de Urrá hizo al fin su labor: en Junio de 2010, cerró cualquier intento por construir Urrá II (el cual pretendía inundar 54000 hectáreas más), lo que dejó a Urrá I como un elefante blanco, con 10 años más de vida útil. Sin embargo, tal vez lo más importante ahora es que el gobierno actual decidió dejar que el país se enterara de que las cosas no están tan bien, como lo hacía creer el anterior gobierno; dejó ver al país su poder y la intención de encontrar alguna solución . . . o al menos eso parece.

@CEramsesgado