Por Christian Esteban Ramírez

En días pasados, Lila Herazo publicó en antropoLOGIKA sus impresiones y reflexiones referentes a la construcción de la represa de El Quimbo en el departamento del Huila, Colombia (encuentre el artículo aquí). Aunque el artículo es en sí “desgarrador”, al igual que el video al que hace referencia, considero necesario referirme a algunos elementos extras que ayudan a ampliar nuestro entendimiento sobre la construcción de megaproyectos. El argumento lo construyo con base en mi conocimiento de la construcción de la Hidroeléctrica de Urrá en el departamento de Córdoba (ver artículo aquí), y a los efectos nefastos que tuvo ésta, en términos ambientales, sociales y económicos.

Es curioso como nos sigue asombrando, como sociedad, que la fuerza pública desaloje y despoje a sus pobladores de sus formas tradicionales de vida. Los hechos relacionados con El Quimbo son apenas una muestra más de que los intereses económicos del Estado están por encima de los de sus ciudadanos. Tras ser divulgado “El video que el gobierno colombiano no quiere que veamos” y confrontado ante las “autoridades competentes” en los medios de comunicación, dos respuestas estériles –que ignoran por completo el contenido de la denuncia- se obtuvieron de nuestros gobernantes: “No hubo fuerza desmedida y se hizo de manera legal”, declaró nuestro presidente. “En este caso lo importante, es que debe prevalecer el bien común sobre el individual; es decir, se debe privilegiar la producción de energía”, declaró el ministro del medio ambiente Frank Pearl. Estas respuestas no son más que la repetición de lo que nuestros gobernantes vienen respondiendo desde principios de los 90 cada vez que se les cuestiona acerca de la construcción de un megaproyecto.

A diferencia de otros megaproyectos, en el lugar en donde se construye “El Quimbo” no existen resguardos indígenas ni asentamientos de comunidades afro-descendientes, razón por la cual la figura de ‘consulta previa’ no es una opción de protesta para las comunidades de pescadores y mineros artesanales. Ellos, usando la misma estrategia que en años anteriores fue utilizada por los pescadores del río Sinú para evitar la construcción de Urrá, ven como el monstruo del desarrollo les pasa por encima. No existe una legislación nacional fuerte en la que estas personas se puedan apoyar (aunque igual de poco serviría), por lo que no les queda más que interponer sus cuerpos, su vida y su dignidad ante una fuerza pública que está al servicio de grandes capitales. De este último punto, desarrollado por Lila Herazo en su artículo, se desprende un elemento que poco tenemos en cuenta cuando se protesta en contra de los megaproyectos: la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Dentro de los acuerdos a los que Colombia se subscribió en 1995 cuando se creo la OMC, existen algunos artículos en los que se establece explícitamente que los gobiernos deben (o deberían) modificar sus marcos legales para permitir la fácil entrada de capitales extranjeros. Este conjunto de reglas (que fue aprobado posteriormente por el legislativo colombiano), obliga a los gobiernos a actuar a favor de los intereses de las empresas que decidan invertir en sus países. El incumplimiento de cualquiera de estos acuerdos puede ser demandado por las empresas multinacionales ante el tribunal e la OMC que dictamina, en una decisión inapelable, un fallo que resuelva la disputa entre las partes afectadas (Corporación-Estado Nación). Lo curioso de esto es que dicho tribunal es anónimo así que, aunque no se puede saber a ciencia cierta quienes están detrás de los fallos y dado a que históricamente nunca se ha fallado en contra de una empresa (pero si en contra de los gobiernos), es bastante previsible identificar que tipo de personas integran dicho tribunal. ¿Por qué es esto importante? Una vez que una multinacional invierte dinero en un país, ésta debe asegurarse de que la empresa gane el dinero que estaba previsto para no ser demandado ante el tribunal anónimo de la OMC. Así como en el caso de Urrá en donde el Gobierno colombiano debió asumir las pérdidas por 1900 millones de dólares en un lapso de 15 años para cumplir con los inversionistas extranjeros, el caso de El Quimbo tiene un tinte bastante parecido.

Retomando mi afirmación inicial, es sorprendente que aún nos sorprendan las reacciones del gobierno Colombiano. Lo que nos debería sorprender, a mi entender, es nuestra propia amnesia selectiva ya que no recordamos las acciones de nuestros gobiernos en contra de los intereses de nuestros ciudadanos, pero aún recordamos con orgullo el 5-0 de Colombia contra Argentina. También nos debería sorprender nuestra falta de reacción. Así como extrañé no estar presente en el primer levantamiento estudiantil serio desde los 70 (aún estamos esperando el documento con su propuesta), me duele ver lo impotente que nos sentimos cuando se trata de defender vidas humanas.

Parece que no nos hemos dado cuenta de que es el Rio Magdalena el que se va a desviar a pocos quilómetro de su nacimiento. No queremos darnos cuenta que no sólo los pescadores del Huila serán los afectados, sino todas las comunidades que habitan en la ribera de sus caudales. Me sorprende que nos sorprenda nuestra incapacidad de reacción.

@CEramsesgado