Por Mercedes Posada Meola

Un proceso de paz fallido, un país frustrado ante la debilidad institucional del Estado para contrarrestar el poder de la delincuencia y el narcotráfico, un pueblo asqueado por los crímenes que de manera sistemática cometían las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otros grupos guerrilleros. Una metáfora del fracaso: la imagen de Elvia Cortez, aquella campesina que murió decapitada por la explosión del collar bomba que le colgaron en el cuello.

Este era el país de Álvaro Uribe Vélez candidato. Su propuesta de “mano firme y corazón grande” prometía un gobierno responsable tanto en el uso de la autoridad como en la protección de la democracia y del Estado Social de Derecho.

Los primeros golpes de opinión de Uribe presidente se dieron en los consejos comunales de gobierno, una medida que aparentemente apuntaba a democratizar la gestión pública y favorecer la rendición de cuentas. A través de esta estrategia, por un lado se aseveraba la presencia del Estado en todo el territorio colombiano y por otro se construía la imagen de un presidente de “carne y hueso”, capaz de poner todo su despacho ministerial al servicio de las comunidades. Uribe era percibido como un gobernante que “resolvía”, con la simplicidad de la palabra.

En términos mediáticos, estos espacios – al ser televisados- garantizaron un rating importante y lograron instalarse en la vida de la gente: “Uribe se tomó las goticas”, “Uribe llamó al gota gota”, “Uribe regañó al ministro”, “Uribe recitó un poema”, Uribe hizo, Uribe deshizo. No obstante, detrás de la aparente naturalidad con la que el presidente de la “seguridad democrática” se comunicaba con los ciudadanos, había todo un montaje propagandístico mediado por la censura. Y es que, al parecer, los alcaldes, gobernadores o funcionarios públicos encargados de instalar los mencionados consejos, debían enviar sus discursos con anticipación a la casa de Nariño y desde allí eran editados bajo el criterio de relativizar o anular los cuestionamientos que pudieran hacérsele al gobierno y magnificar los elogios.

Pero cuando la gente se salía del libreto, el presidente se salía de sus casillas. Recordemos por ejemplo aquel consejo comunal en el cual Eudaldo Díaz Salgado, alcalde del municipio de El Roble (Sucre) denunció que los paramilitares querían atentar contra su vida y señaló al entonces gobernador del departamento, Salvador Arana, quien estaba sentado junto a Uribe, como el responsable de su futura muerte. La respuesta del presidente al Alcalde fue pedirle -en tono enérgico- que “no irrespetara a los funcionarios públicos con acusaciones infundadas”. Dos meses después de este consejo comunal, Díaz apareció muerto y posteriormente se comprobó que Arana fue el autor intelectual de este crimen.

El resultado de toda la amalgama propagandística permitió que, pese a los sucesos de corrupción y violación a los derechos humanos que involucraban al gobierno, la popularidad de Uribe se mantuviera intacta. Así tuvimos un presidente cada vez más “cerca del pueblo” pero “lejos de la democracia” y del Estado Social de Derecho como lo advierte el libro “Los Telepresidentes”, publicado por el Centro de Competencia en Comunicación para América Latina de la Friedrich Ebert Stiftung.

Veamos. Robert Dahl, el teórico de las poliarquías, identifica unos mínimos para que un sistema pueda ser considerado democrático. Entre estos mínimos se destacan: la libertad de asociación, expresión y de organización; el derecho a elegir y ser elegido; el acceso ciudadano a fuentes alternativas de información; la posibilidad de ser elegidos para cargos públicos; el desarrollo de elecciones libres y justas; e instituciones de gobierno compuestas por personas elegidas por los ciudadanos y con méritos suficientes para ocupar cargos públicos.

Analicemos punto a punto.

Libertad de expresión, asociación y de organización. Una de las medidas de la democracia tiene que ver con el nivel de participación de la sociedad civil organizada  en las decisiones gubernamentales. Movimientos sociales, organizaciones sindicales, partidos políticos, todas estas instancias son catalizadoras de demandas ciudadanas y siempre serán deseables sus aportes al debate público. Sin embargo, durante los ocho años de “seguridad democrática” que vivió el país, la labor primordial del Estado fue cerrar los márgenes de acción colectiva de la gente. Militantes de izquierda, de centro y hasta de la derecha cívica, fueron silenciados por la vía del poder, de manera que todo aquel que cuestionara la gestión del gobierno (como lo hicieran algunos magistrados de las cortes y funcionarios de los organismos de control) era tildado de guerrillero o de terrorista. Esto sin mencionar las famosas “chuzadas” realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con el propósito de violentar la intimidad de las personas que hacían oposición y encontrar “algo” que pudiera poner en duda su credibilidad.

Este último tema (el de la libertad de expresión) también guarda relación con otro de los puntos expuestos por Dahl para que un sistema pueda ser considerado democrático. Se trata del acceso ciudadano a fuentes alternativas de información. Los informes anuales de la Fundación para la Libertad de Información y Prensa, FLIP, desde el año 2002, señalaron peligrosas formas de control de las libertades de expresión por parte del Estado colombiano. Y es que durante los ocho años de “seguridad democrática” (así, siempre entre comillas, siempre en entredicho) la mayoría de los medios de comunicación del país prefirieron adoptar una postura abiertamente gobiernista y renunciar al control social que les corresponde, de tal suerte que, como lo expresa la columnista de opinión, Cecilia Orozco, los cuestionamientos de fondo a los dos gobiernos de Uribe se concentraron en las columnas de un reducido grupo de comentaristas al que la mayoría de la prensa le dejó la tarea de desgastarse como voz aislada de un inconformismo no compartido.

Algunos periodistas como Daniel Coronel, Holman Morris y Alfredo Molano fueron perseguidos hasta el exilio, simplemente por publicar investigaciones que resultaban incómodas para los fines reeleccionistas del gobierno, por revelar acuerdos institucionales que de manera directa beneficiaron a los hijos del presidente, por estremecer los cimientos de un orden social cada vez más cerrado por la vía de la fuerza y la intimidación.

Otra de las medidas de la democracia –según Dahl- tiene que ver con el derecho a elegir y ser elegido, un derecho ciudadano que es innegociable y que está emparentado con la alternancia en el poder (o evitar la perpetuación que está asociada a las dictaduras). Unos días antes de la reelección de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el teórico posmarxista Ernesto Laclau, explicó que por encima de la alternancia está la voluntad del pueblo. Sin embargo, esta es una mirada bastante discutible y que por demás admite matices. En el caso de Colombia, por ejemplo, detrás del telón de la voluntad de la gente para reelegir al presidente se escondieron todas las artimañas fabricadas por los uribistas para lograr la reelección. La falta de garantías electorales se hizo evidente desde la esfera legislativa con las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina quien confesó haber vendido su voto (para aprobar la reelección) a cambio de prebendas y cuotas burocráticas.

Los anteriores argumentos también sirven para desvirtuar la posibilidad de desarrollar elecciones libres y justas y de lograr instituciones de gobierno compuestas por personas elegidas por los ciudadanos. Pese a las leyes de garantías y otros mecanismos de control que se han instaurado para lograr un mínimo de transparencia en procesos como estos, nadie discute que todo aquel que se encuentre en el poder y haga un uso arbitrario del aparato estatal (incluyendo los recursos públicos) tendrá ventajas absolutas frente a cualquier ciudadano que se postule desde una orilla ideológica distinta. Al tiempo que se fabricaba la reelección de la “mano firme y el corazón grande”, en todas las corporaciones públicas a lo largo y ancho del país se eligieron personas con nexos comprobados con los paramilitares, situación que desembocó en lo que muchos se atrevieron a llamar un «paraestado”, o si se quiere en un estado en el que el monopolio de las armas pasó a estar en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia, ahora legitimadas a través de (la compra de) votos.

A la luz del Estado Social de Derecho, la profundización del conflicto armado, librado entre lo más extremo de la derecha y de la izquierda en Colombia, trajo como saldo, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), más de tres millones de desplazados durante los últimos 15 años, y una cifra imprecisable de muertos y víctimas. El relato de quienes han padecido de cerca los estragos de dicho conflicto, en la historia reciente, es desgarrador y así lo ilustra el documental Impunity de los periodistas Hollman Morris y Juan José Lozano. En dicho documental aparecen testimonios que hablan de niños degollados con motosierras, hombres mutilados y castrados en las plazas de los pueblos, mujeres violadas y torturadas, jóvenes desmembrados por las minas quiebrapatas, campesinos asesinados a cuchillazos y familias desbaratadas por el dolor de sus muertos y el sinsabor que deja la incertidumbre, ante la falta de responsables de todas estas masacres, unas veces atribuidas a los paramilitares, otras veces a la guerrilla y otras al Estado mismo.

El periodista Felipe Zuleta Lleras ha dicho que “al peor estilo hitleriano, el régimen del presidente Uribe, se ha caracterizado entre otras cosas, por la violación sistemática de los derechos humanos y de ello son prueba el asesinato de más de 1.500 sindicalistas en los últimos siete años, los falsos positivos y la desaparición forzada de personas”.

Las sumas y restas de este período, conocido como “seguridad democrática”, nos dejan un resultado amargo en materia de derechos humanos y una democracia en modo simulacro que alcanza su máxima representación en el circo teatro protagonizado por los que otrora coordinaran las desmovilizaciones de los grupos armados y lideraran los procesos de justicia, paz y reparación, hoy prófugos de la justicia. Una democracia en modo chiste, con un ex presidente arremetiendo contra los organismos de control desde su cuenta de twitter y un ex comisionado para la paz que desde la clandestinidad invita a “refundar la patria”. Es una democracia que nada tiene que envidiarle a lo peor del pasado y que, al mejor estilo de las peores dictaduras, contraría los principios fundamentales del Estado Social de Derecho.

Mercedes Posada Meola Comunicadora Social y Periodista. Magíster en Desarrollo Social. Dirigió los programas de Comunicación Social, Publicidad y Producción de Radio y Televisión en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena. Ha participado en la gestión de diversos proyectos sociales y culturales de dicha ciudad y se ha desempeñado como directora de comunicaciones de entidades públicas y privadas. Actualmente cursa un doctorado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.