La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue aprobada por el Senado el 1° de junio de 2011, después de fuertes discusiones políticas entre quienes se oponían al proyecto de Ley presentado por el senador Juan Fernando Cristo (2010). Así, tuvo su sanción presidencial el 10 de junio de 2011, convocando la socialización y ajuste del Decreto Reglamentario 4800 con las víctimas e identidades regionales encargadas de su implementación. La versión definitiva del Decreto Reglamentario fue sancionada en diciembre de 2011, junto con los decretos alusivos para las comunidades Afro e Indígenas. Así mismo, se aprobó la jurispridencia que disponía la creación de la institucionalidad para atender a las víctimas: La Unidad Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Especial de Gestión Restitución de Tierras Despojadas y el Centro de Memoria Histórica.

Las víctimas -y todos los colombianos- tenemos el derecho a la verdad para saber, ¿qué pasó? ¿por qué? ¿quién lo hizo?, para garantizar la no repetición, pero también, como una forma de fortalecer las alianzas ciudadanas y  la protección democrática por parte de la sociedad. La Ley de víctimas decretó el nueve de abril como el día de solidaridad con las víctimas. En 2012, tuvo su primera versión con la sesión del congreso en pleno, aunque los senadores firmaron y no se quedaron para escuchar a las víctimas. De igual forma, se promovieron iniciativas regionales por parte de colectivos de víctimas, ONGs y la sociedad en general, a través de conciertos, manifestaciones culturales y museos itinerantes de la memoria.

Después del nueve de abril, la institucionalidad encargada de la atención a las víctimas y la implementación de la Ley, tuvo que preparar su examen frente a la Corte Constitucional para responder no solo al último Auto de seguimiento de la sentencia T-025, sino también para presentar el proceso de articulación entre las entidades encargadas de ofrecer atención y la asistencia a las víctimas, bajo el esquema de la nueva Ley. A un año de la sanción presidencial, se hacen las evaluaciones correspondientes: ¿cómo va la ley? ¿por qué va tan atrasada? ¿qué le falta? . . . en fin, un sinnúmero de integrrogantes que deben responderse, a medida que se fortalezca la capacidad institucional y se generen los espacios de interlocución con las víctimas y la sociedad colombiana, y que nos involucremos en ser activos propulsores de la verdad, la justicia y la reparación integral.