Uribe, ¿de regreso al poder?

Por Lila Herazo

Durante la semana anterior se comenzó a difundir el “run-run” mediático sobre la posibilidad de que Álvaro Uribe Vélez volviera al poder, en calidad de vicepresidente para las elecciones de 2014 en Colombia. Varios de sus ahijados políticos difundieron la idea como «una genialidad» para volver a tener a su “padrino” dirigiendo el país. Esto ha generado la movilización de periodistas, analistas y ciudadanos del común, que están expresando su opinión a favor o en contra de la iniciativa.

Hace unos meses esto no sonaba tan descabellado, pero ahora, cuando el tiempo ha dado paso a la justicia y las investigaciones hablan por cuenta propia de los hechos, quizás valga la pena hacer un recuento de las principales razones por las que deberíamos meditar el asunto desde una perspectiva deslindada del apasionamiento, más ligado al sentido común y la teoría de los derechos humanos.

Más allá de los obstáculos constitucionales y legales -que son bastantes, pero que a la postre sabemos que una vez más pueden ser violados y pasados por alto con total impunidad-, lo cierto es que hay razones de peso para que Colombia impida que esta propuesta llegue a concretarse, o por lo menos, para que reflexione antes de que llegue el momento de decidir.

La primera de ellas es que durante los ocho años de gobierno de Uribe Vélez, enarbolando la bandera de la Seguridad Democrática, sucedieron (o se cometieron) una serie de violaciones a los derechos humanos que a diferencia de lo que la mayoría cree, afectaron y lesionaron a la sociedad en su conjunto y no a unos cuantos.

El caso más abominable de ello fue sin duda el de las Ejecuciones Extrajudiciales, o los mal llamados mediáticamente Falsos Positivos. Con el sistema de recompensas instaurado por el gobierno de Uribe, a través de la Directiva Ministerial 029 firmada por Camilo Ospina –Ministro de Defensa en ese momento-, se legitimó, como en el Viejo Oeste, la cacería de guerrilleros y la entrega de sus cabezas a cambio de beneficios económicos o días de asueto. En un Estado Social de Derecho, en donde no existe la Pena de Muerte, es impensable crear una ley que va en contravía del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Si bien es cierto que la Directiva en mención, no decía explícitamente que el Ejército podía o debía, a como diera lugar, ejecutar civiles, esto derivó en el uso criminal de la fuerza y por consiguiente, en el asesinato de miles de personas inocentes con el fin de mostrar “victorias” militares que, como la falsa desmovilización paramilitar, eran una falaz y macabra maniobra que pretendía legalizar la postura guerrerista –y paradójicamente a la vez pacifista- del gobierno.

Así, varios grupos del Ejército Nacional asesinaron sistemáticamente personas para luego disfrazarlas de guerrilleros y presentarlas como muertos en combate. Vale la pena decir, que dentro de las víctimas, había discapacitados mentales y físicos y personas con otro tipo de vulnerabilidades. De los 10.000 militares que se cree están involucrados en esto, sólo unos cuantos, en su mayoría de mandos bajos, han sido judicializados.

Otra de las mayores violaciones, fue el caso del uso de la agencia de inteligencia del país –Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la cual recibe órdenes e instrucciones directas de la Presidencia de la Nación-, como agencia no sólo de espionaje, sino además como una entidad que intervenía llamadas telefónicas -las llamadas «chuzadas»-, y que fabricaba falsas pruebas en contra de quienes no siguieran a Uribe (activistas de derechos humanos, líderes sindicales, periodistas, opositores políticos, etc). De igual forma y según las investigaciones que la Fiscalía General de la Nación ha realizado hasta el momento, esta agencia de inteligencia, dio coordenadas e instrucciones a grupos paramilitares, para asesinar, amedrentar, desprestigiar y presionar a quienes se interpusieran en el camino de Uribe Vélez. De acuerdo a un informe de la Confederación Sindical Internacional, en el 2009, Colombia fue el país con mayor índice de sindicalistas asesinados. De un total de 101 casos a nivel mundial, nuestro país fue el primero con 48, seguido de Guatemala, con 16.

Además podríamos mencionar el caso de Agro Ingreso Seguro, AIS, un programa creado por el Ministerio de Agricultura, que, en cabeza de Andrés Felipe Arias –el heredero político natural de Uribe, escogido por él para sucederlo inicialmente, cosa que no se concretó-, cuyo fin era otorgar financiación para programas de riego a pequeños y medianos terratenientes, se usó en realidad para pagar favores políticos a quienes financiaron la segunda campaña presidencial de Uribe, dando miles de millones de pesos a poderosos empresarios, con todos los beneficios posibles.

Si bien AIS es en sí mismo un caso de corrupción, también va en contra de los derechos humanos colectivos, si tenemos en cuenta que el dinero que debía otorgarse a personas de bajos recursos, fue a parar a las arcas de quienes menos lo necesitaban.

Se habla mucho de que entre el 2002 y el 2010, bajo el mandato del Presidente Uribe, Colombia incrementó la inversión extranjera. Es cierto. Pero lo que ese gobierno hizo para lograrlo es lo que quizás la mayoría desconoce. Por poner sólo un ejemplo, Uribe le dio prebendas a los inversionistas mineros extranjeros, reduciendo a un 9% los impuestos que debían pagar (lo normal y establecido es del 35%) y les entregó una vasta cantidad de territorio nacional para su explotación, sin tener en cuenta el impacto ambiental y el daño a nuestros recursos naturales.

Las multinacionales que vienen a destrozar nuestras tierras, además de pagar muy poco por llevarse nuestras riquezas, pagan al Ejército y a los paramilitares para mantener a raya a la guerrilla, lo cual contribuye a eternizar nuestro sufrido conflicto interno y por ende, el desplazamiento forzado, la guerra y la muerte.

Una gran parte del país está a favor de que Uribe vuelva; desde hace mucho se pueden oír las voces de quienes aseguran que él ha sido el mejor presidente de los últimos tiempos (que claro, luego de Samper y Pastrana, no es difícil de aseverar) y que se le extraña como dirigente (casi a nivel mesiánico) de nuestro país, pero es necesario revisar y evaluar concienzudamente si vale la pena pagar este costo por transitar “libremente” por nuestras carreteras, sufriendo además la polarización extrema, más la corrupción de nuestras instituciones y la violación sistemática de los derechos humanos.