Crisis europea y protestas contra la Ley 30 en Colombia (parte II)

Los diferentes sucesos de esta semana relacionados con la crisis económica y las protestas estudiantiles en Colombia, obligan a continuar la discusión que planteé en mi entrada anterior. Pero antes de empezar a discutir dichos sucesos y sus futuras implicaciones, considero necesario realizar dos anotaciones que merecen la atención de todos. 1) Es muy valioso lo que logró el movimiento estudiantil. Como ya se ha mencionado en otras columnas, este tipo de conglomerados no lograban articularse de manera ordenada y medianamente coherente desde hace más de cuatro décadas. Los estudiantes aprendieron de los errores del pasado manteniéndose al margen de acciones violentas, siendo creativos a la hora de manifestarse y -a mi parecer- lo más importante: quitándose de encima el estigma de estar infiltrados por las FARC. 2) La actitud del gobierno colombiano ha cambiado. Hablar de política y protestar en la plaza pública parece nuevamente posible sin el temor constante a represarías violentas. El presidente parece saber que es un empleado de los colombianos lo que ha permitido a su vez a sus ciudadanos pensar nuevamente, en que es el gobierno quien les tiene que rendir cuentas y no al revés. El presidente Santos se ve dispuesto a dialogar, así sea por estrategia política, lo que se debe considerar como un gran avance teniendo en cuenta la actitud del gobierno anterior (Colombia ya no es una gran finca).

En los próximos días se espera que la Mane (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) y el Gobierno nacional, concreten las condiciones y los lugares en los que se van a empezar a discutir las reformas que se le deben hacer a la educación superior. Aunque esto parece una victoria para los estudiantes, la verdad es que está lejos de serlo, si la discusión se centra en plantear una reforma que cobije únicamente a la punta del Iceberg del sistema educativo colombiano. Como lo sostuve en mi entrada anterior, lo más absurdo que le puede pasar al sistema educativo en Colombia es que se logre una educación pública, de calidad y gratuita. Mi argumento se centra en tres ejes: i) el pésimo nivel de la educación básica ii) la regresividad y iii) los costos sociales que afrontaría el país.

En la última edición de la revista Dinero se publicó la lista anual de los mejores colegios del 2011, basada en los resultados de las últimas pruebas del Icfes. Parafraseando en cifras el artículo “Los Mejores Colegios 2011” tenemos que: dentro de los mejores 500 colegios el 66% son pertenecientes a colegios de estratos 5 y 6, el 3% pertenecen a colegios de los estratos 1 y 2. En total, son sólo 19 los colegios oficiales que entran en esta lista de 500 colegios. Los colegios de calendario B superaron por amplio margen a los de calendario A, y el 73% son colegios que tienen jornada continua. Estas cifras por si solas son alarmantes, aún cuando esta revista publique dichos resultados año tras año, más o menos con los mismos resultados. Tal vez la sugerencia que se hace en Dinero no sea tan descabellada: “Quizás no son los estudiantes quienes deberían estar protestando en la calle, sino los padres de familia cuyos hijos están cursando primaria y bachillerato”. Todo lo anterior se conecta con mi primer eje: en Colombia tenemos un pésimo nivel educativo en cuanto a los colegios oficiales se refiere (aquellos a los que asisten la mayoría de niños y jóvenes pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3). Los resultados no mienten y antes de hablar de Universidades Públicas gratis, se tiene que discutir acerca de qué tipo de educación determina si un estudiante ingresa o no a la educación superior. Este último punto me conecta a mi segundo eje: la regresividad.

En uno de los comentarios de los lectores de mi columna anterior se mencionó tangencialmente que la educación en Colombia era “altamente regresiva” -postulado con el que comulgo-, razón por la cual considero necesario incluirla dentro de mi análisis esta semana. Si se lograra una educación superior del tipo que propone la Mane, los más beneficiados serían aquellos estudiantes que asisten a colegios privados. Los resultados que se obtienen en las pruebas de estado determinan si un estudiante es apto o no para ingresar a una institución de educación superior de calidad. Como las cifras reflejan que dichos resultados presentan diferencias abismales entre los colegios públicos y los colegios oficiales, las posibilidades de que personas pertenecientes a colegios distritales ingresen masivamente a las universidades públicas son realmente escasas. Es a esto lo que se refiere la regresividad. Las universidades públicas son financiadas por el gobierno, quien a su vez obtiene los recursos para dicho financiamiento de los impuestos que todos pagamos. Se supone que quienes más pagan impuestos son aquellas personas que menos necesitan de la asistencia del estado, razón por la cual este dinero se utiliza para subsidiar a quienes no tienen estas mismas posibilidades (por ejemplo con los servicios públicos). Si las personas pertenecientes a los estratos económicos más altos de la sociedad son quienes se están viendo beneficiados con la educación que ofrecen las universidades publicas, querría decir que los recursos que invierte el estado están siendo altamente regresivos ya que quienes los están pagando son los mismos que se están viendo favorecidos.

El tercer y último eje se refiere a un tema que ha sido muy poco tratado y que merece la misma atención que los demás puntos. El profesor Santiago Castro publicó en su blog sus pensamientos acerca de las protestas estudiantiles. Allí el expone tres aspectos de los reclamos de los estudiantes con los que no comulga; aquí me quiero referir al primero de ellos. El reclamo generalizado del estudiantado por una educación gratuita es, en palabras del profesor, “un discurso que juega con dados cargados”. Con esto se refiere a que es injusto pedirle al estado que se haga cargo de los costos que implica el pre-grado (que al final son pagados por todos los contribuyentes), para que luego los estudiantes se vayan del país a cursar maestrías y doctorados. Como no existen las condiciones para que todos los estudiantes se queden, el costo social de educar gratuitamente es demasiado alto, en comparación con lo que el país recibe a cambio por haber educado a sus ciudadanos. De esto no se debe inferir que el estado se tiene que desentender de la educación ni muchos menos, sino que antes que hacer estas exigencias se debe mirar que tipo de personal requiere el país e invertir en dichas áreas para que quienes sean educados se queden devolviéndole al país lo que en ellos fue invertido. Este es un punto que no se ha tocado dentro de las discusiones propuestas por la Mane (como el financiamiento de la educación técnica) y que debe ser tratado.

Para terminar quiero proponer una reflexión sobre lo que está pasando en Europa y las protestas estudiantiles. A diferencia del movimiento OWS (Occupy Wall Street), los estudiantes europeos están protestando por la falta de oportunidades laborales tras culminar sus estudios universitarios. Desde hace ya varias décadas se les ha exigido a los jóvenes europeos que ingresen a los niveles de educación superior con la promesa de recibir mayores ingresos una vez terminen sus estudios. En este momento el sistema ha llegado a tal punto de saturación que la cantidad de personas educadas en áreas no planificadas supera por amplio margen a lo que puede absorber el mercado. En un momento en el que se requieren ingenieros y físicos (por ejemplo), hay sobre oferta de economistas y artistas que las empresas no necesitan ni quieren pagar. Europa por mucho tiempo se mofó de la crisis latinoamericana de los años 80, y ahora que están en una situación algo peor, citan a nuestros economistas para que les den pistas de como salir del hueco en el que se metieron.

Si la educación en Colombia no se planifica según las necesidades del país, no sólo corremos el riego de perder muchos cerebros, sino de tener a muchas personas educadas en áreas que la industria colombiana no va a poder absorber.


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