– Foto: JMBB  «Cuando se debe correr por la vida, se lleva sólo lo necesario, o lo que se puede.»

Por Lila Herazo

El 14 de febrero pasado, un grupo del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-, desalojó en forma brutal y violenta a los 600 pescadores, mineros y campesinos que desde hacía 4 meses acampaban de manera pacífica protestando por la construcción de una hidroeléctrica en El Quimbo, Departamento del Huila. La empresa EMGESA, directora y responsable del proyecto, dio una fecha límite para que los lugareños desalojaran la zona y al vencerse el plazo, ordenó la intervención del grupo policial con el aval del gobierno nacional.

En Twitter, Facebook y Youtube está rotando desde hace unos días un documento de extraordinario valor que capturó en imágenes estos hechos, se titula “El video que el gobierno colombiano no quiere que veamos” (ver debajo del texto). Realizado y producido por Bladimir Sánchez Espitia, recoge en 14 minutos los testimonios de los hombres, mujeres, ancianos y niños que fueron desalojados en forma violenta.

El video es absolutamente desgarrador. Produce un dolor punzante mirar y escuchar a esas personas que, mientras protestaban y reclamaban pacíficamente para que el Río Magdalena, su único medio de supervivencia no les fuera arrancado de las manos, eran atacados salvajemente a manos del Estado.

Las imágenes hablan por sí solas y nos recuerdan una vez más la triste historia que han padecido los más de 4.000.000 de colombianas y colombianos desplazados por la violencia. Esta vez hay una evidente diferencia que salta a la luz: no fueron grupos guerrilleros, ni paramilitares los que lanzaron gases lacrimógenos y granadas. Esta vez fue el gobierno, un gobierno legítimo y democrático el que, a través de su escuadrón antidisturbios intervino con violencia y con toda su fuerza, con el fin de usufructuar unas tierras que supuestamente serán empleadas para hacer una obra de infraestructura que tiene como excusa la tan mencionada y ya desgastada idea de “desarrollo”.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en el escalafón de países con mayor desplazamiento forzado interno después de Sudán. Los actores del conflicto armado –guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y Ejército, el “Cuarteto del Horror”- son siempre los gestores de que esto suceda, ya sea de manera directa o indirecta.

En el caso de El Quimbo, hay algo más escabroso y oscuro: una orden directa –ejecutada por fuerzas de seguridad del Estado- para sacar de las tierras a quienes viven de ellas, a cualquier costo y de cualquier forma. Lo más aterrador es que este no es un caso aislado. Hay pleno conocimiento sobre el tema del despojo de tierras que el sector privado ha hecho en contra de los campesinos en el Urabá para el cultivo de la Palma de Cera, ante la mirada cómplice y silenciosa del gobierno colombiano.

Así ha sido construido históricamente el concepto de “progreso” en América Latina y en muchos otros lugares del mundo, sobre todo a partir de la invasión española de 1492: sacar a empellones a la gente de su tierra, pueblos originarios y ancestrales, comunidades enteras, campesinos y familias que son desarraigadas y convertidas en nómadas urbanos que nadie quiere y todos rechazan, para luego construir en sus lugares un “algo” al que luego se le clasifica bajo el eufemismo de “civilización” o “desarrollo”.

El desarrollo se concibe en las altas y bajas esferas del poder como la antítesis de la pobreza, es decir, como obtención, acumulación y la inversión de dinero. Un gasto que prevé cemento y concreto y que la mayoría de veces olvida el bienestar colectivo, pero que siempre recuerda llenar las arcas de los consorcios financieros con la ayuda y anuencia de un Estado que resulta eficaz a la hora de priorizar los intereses privados en relación a los de interés público.

Sin duda se ha devaluado la vida para alcanzar ese desarrollo económico que perseguimos y que se nos muestra como ideal para salir del “tercer mundo”. Y es una estrategia que funciona. Colombia en particular, es considerada desde hace unos años como una economía emergente, como uno de esos países que puede transformarse en una esplendorosa nación, que aun cuando no tenga reparo en asesinar, atacar y exterminar grupos humanos, tiene claro el camino hacia la “prosperidad democrática”*.

Es insuficiente que  los entes reguladores nacionales e internacionales levanten la voz en contra de estos mecanismos de opresión en democracia y repudien abiertamente estas violaciones inescrupulosas y cínicas de los derechos humanos. Hace falta que la población en su conjunto actúe, si no lo hace se seguirán usando sin que haya ninguna consecuencia.

Es aquí donde la sociedad civil debería entrar con vigor, a defenderse a sí misma, a ejercer y reclamar sus derechos, pero no una fracción de 600 personas, sino un país entero que acompaña y respalda los derechos de un grupo determinado. Si los intereses de unos pocos, se transformaran en el interés de todos, podríamos hacer algo. Resistir es un derecho, pero también es una obligación. Y luchar por los derechos de los demás, es asumir una posición democrática poderosa.

Así como hubo indignación generalizada y una significativa movilización en las redes sociales, en los medios de comunicación y en las calles para evitar que en el Parque Natural El Tayrona se construyera un hotel 7 estrellas, poniendo como prioridad absoluta la conservación de la tierra, de los recursos naturales y de un lugar que es sagrado para nuestros pueblos originarios, dejando a un lado aquel concepto de desarrollo escrito con signo de pesos, igualmente deberíamos ahora preguntarnos si esos 600 colombianos instados y conminados a dejar las orillas del Río que les da de comer, no deberían también recibir el apoyo de todos. Además hay que reclamar la reparación al daño físico y moral que el gobierno les causó.

Cuando vi el video de lo que sucedió en El Quimbo, lloré. Lloré por el dolor que me produjo ver la injusticia, pero también lloré conmovida por la dignidad de estas personas, que no se quebrantaron a pesar de la infamia de la que fueron objeto. Mi corazón está con ellos. Por mi parte, no quiero un desarrollo que esté cimentado en la muerte y en la sangre de mis congéneres. Apelo por un desarrollo que signifique, inequívocamente, bienestar colectivo, armonía, felicidad, dignidad y respeto para todo el mundo.

*Premisa utilizada Juan Manuel Santos en su campaña hacia la presidencia de Colombia.

@LilaHerazo